Reflexiones de un Salvaje Ilustrado

12/02/2012

Las insostenibles mentiras en torno a Garzón y la Gürtel

Filed under: Actualidad,Derecho — Salvaje Ilustrado @ 19:44
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Desde que se conociera la sentencia por la que se inhabilita al juez Garzón por las escuchas realizadas durante la instrucción de la trama Gürtel, la derecha mediática no ha parado de envenenar la realidad, afirmando extremos jurídicos que son totalmente falsos.

Aquí están los fundamentos de derecho que demuestran cómo intervenir las comunicaciones a los abogados de la Gürtel es perfectamente legal. El resto queda fuera del derecho, y no forma más que parte de la propaganda orquestada por la derecha española.

1) La primera norma que entra en juego es la Ley General Penitenciaria. Como su propio nombre indica es una norma de carácter general, por lo que otra norma de carácter especial tiene aplicación preferente (criterio de “lex specialis derogat lex generalis”). El artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria expone que:

“Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial Y en los supuestos de terrorismo”.

Resalto esa Y porque se entiende que esa Y no es copulativa, sino disyuntiva. Es decir, que no tiene que darse la autorización judicial y también el caso de terrorismo, sino que se podrán intervenir en caso de autorización judicial y evidentemente siempre en caso de terrorismo.

Pero aún así, este debate no lleva a ningún lado, porque la Ley General Penitenciaria cae por el criterio de “lex specialis” para regular el caso ante la preferente aplicación de una ley especial como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2) La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicable a estas personas que estaban siendo encausadas, reza en su artículo 579 lo siguiente:

“1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos” (incluidas las de sus abogados, sobre todo cuando forman parte de la trama y es la Policía quien solicita la intervención)

Como vemos, en el caso de que los abogados no lleven a cabo asistencia jurídica, sino que formen parte nuclear de la trama, las escuchas pueden ser intervenidas. La Ley dice claramente que se intervendrán todas las que sirvan para la realización de sus fines delictivos. Y en este caso, los abogados no estaban prestando asistencia jurídica sino que, además de ser parte de la trama desde un principio, estaban moviendo capitales para evadirlos de la acción judicial. De hecho, la propia Policía fue la que solicitó la intervención de las comunicaciones al quedar claro que, al estar los detenidos incomunicados, los movimientos de capitales los estaban haciendo a través de las únicas personas con las que tenían contacto: sus abogados. Todo ello quedó demostrado al realizar las escuchas y constatarse que estaban utilizando a sus abogados para mover dinero y eludir las medidas judiciales. Pero además, por si quedara alguna duda, estos abogados, lejos de ser profesionales independientes, eran personas que estaban implicadas en la misma trama Gürtel. La finalidad de la medida estaba clara: evitar que se continuara delinquiendo.

Pero vamos más allá. Si parece que no cabe lugar a dudas sobre la legalidad de la medida, ahora entra en juego una norma de rango superior, con jerarquía supranacional, una Directiva europea.

3) La Directiva 2005/60 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, expone en un su numeral 20:

“20. Cuando miembros independientes de profesiones legalmente reconocidas y controladas que prestan asesoramiento jurídico -como los abogados- estén determinando la situación jurídica de sus clientes o ejerciendo la representación legal de los mismos en acciones judiciales, sería improcedente imponer a dichos profesionales respecto de estas actividades, en virtud de lo dispuesto en la presente Directiva, la obligación de informar de sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Deben existir dispensas a la obligación de comunicación de la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Así pues, el asesoramiento jurídico ha de seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de capitales O financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales O la financiación del terrorismo, o de que el abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico para fines de blanqueo de capitales O financiación del terrorismo”

Como vemos la Directiva es meridianamente clara. Distingue a la perfección entre la asistencia jurídica y la colaboración criminal, permitiendo en este último caso la intervención de las comunicaciones.

Ni que decir tiene que la normativa europea goza de supranacionalidad y jerarquía superior, por lo que cualquier norma de un Estado miembro que la contradiga será nula de pleno derecho. Es el conocido como principio de primacía del derecho comunitario.

Por otro lado, las Directivas tienen que ser traspuestas por los Estados miembros a su legislación nacional. Sin embargo, en caso de no hacerse, se reconoce el “efecto directo” de la Directiva en el ordenamiento nacional por falta de trasposición nacional.

No obstante, en el caso español su trasposición no era necesaria ya que nuestra normativa ya recogía ese precepto. ¿Dónde recogía esa posibilidad que hizo que no fuera necesaria una trasposición? En la Y disyuntiva de la Ley General Penitenciaria, ya que en su día se consideró una O, que hacía que nuestro país no tuviera que trasponer esa medida penitenciaria contra la criminalidad de abogados en el blanqueo de capitales. Esto hace que haya dos opciones: o que se aplique la Directiva directamente por falta de trasposición, o que reconozcamos que esa Y es la O de la que habla la Directiva y que por eso no hicimos la trasposición. En cualquiera de los dos casos las intervenciones de Garzón estuvieron motivadas.

Estos son los verdaderos fundamentos de derecho. El resto no pertenece más que a la propaganda de la derecha mediática.

22/10/2011

El generalizado delito de apropiación indebida de los bancos.

Filed under: Derecho — Salvaje Ilustrado @ 18:25
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Los bancos son las estructuras básicas de canalización del ahorro ciudadano hacia la inversión. Para ello utilizan los depósitos de sus clientes circulándolos en forma de préstamos hacia otros agentes económicos que lo necesitan para llevar a cabo sus proyectos de inversión. De hecho, los bancos únicamente guardan en efectivo una parte proporcional del dinero que depositamos, lo que se conoce como la obligación legal del “encaje bancario”, prestando el resto a otros agentes económicos para así aumentar la actividad económica. De esta forma, la base monetaria (dinero depositado) es mucho menor que la oferta monetaria (dinero utilizado), jugando así las entidades de crédito su papel de “multiplicador del dinero”.

Según nos aseguran, el crecimiento productivo bajo este modelo es mayor, ya que la inversión se multiplica a través de estos intermediadores bancarios que utilizan nuestro dinero depositado, para prestarlo a nuevos emprendimientos de inversión, evitando así que el dinero repose improductivamente en nuestras cuentas bancarias.

Sin embargo, este esquema economicista se cae ante una aplastante realidad jurídica. ¿Permiten los contratos de depósito la disposición arbitraria de este dinero por parte de los bancos? Me temo que no, por lo que sospecho que estamos ante la comisión de un delito de apropiación indebida. Un delito que además se agrava no solo por la cuantía, sino por la generalidad social del hecho.

Si partimos de la premisa civilista básica de que los bienes pueden tener propietarios y poseedores, atendiendo al negocio jurídico que se haga en torno a ellos (por ejemplo alquiler, arrendamiento, cesión de uso…), tendremos que afirmar que el dinero físico es propiedad del Estado, quien lo crea y registra, mientras que la posesión es del ciudadano, al que le llega mediante un negocio jurídico legal como es una prestación laboral pagada monetariamente.

Este ciudadano, persona física, decide entonces abrirse una cuenta bancaria formalizando con otra persona jurídica, un banco, un contrato de depósito. Mediante este contrato de depósito el banco se compromete a ejercer la guarda y custodia de un bien cuantificado como es una cantidad de dinero, que no es en ningún momento de su propiedad o posesión, siendo el objeto del contrato en cuestión el depósito y no la libre disposición de ese bien en custodia.

De hecho, si revisamos en nuestros cajones esos tediosos contratos que firmamos con nuestras entidades bancarias al abrir nuestras cuentas corrientes, veremos como en ningún momento se recoge la posibilidad de que esa entidad disponga arbitrariamente de nuestro dinero, remarcándose el hecho de que se trata de un mero contrato de depósito.

La práctica llevada a cabo por las entidades bancarias posteriormente y al margen de nuestro consentimiento se encuadra de esta forma en un delito de apropiación indebida, penado con hasta 6 años de cárcel y recogido en el artículo 252 del Código Penal al afirmarse que, “Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros”.

La lógica de la existencia de esta figura penal de la apropiación indebida es la siguiente: que nadie disponga arbitrariamente de bienes que no son suyos para conseguir lucros personales que tienen como base la explotación de esos bienes. Precisamente eso es lo que hacen los bancos, disponen libremente de nuestros bienes, fruto de nuestro esfuerzo, para sus actividades personales, consiguiendo un beneficio y lucro que tienen como base unos bienes que no son suyos, sin que sus titulares le hayan dado consentimiento alguno para disponer de ellos. Por todo ello, la actividad bancaria no puede encuadrarse más que en un delito de apropiación indebida.

¿Alguien se anima a presentarse con su contrato de apertura de cuenta bancaria en los juzgados más cercanos, y demandar a Emilio Botín por prevariación?

25/08/2011

Brutalidad policial: Una herencia sin abordar.

Filed under: Actualidad,Derecho,Sociedad — Salvaje Ilustrado @ 02:09
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Recientemente hemos asistido a diversos episodios de abusos policiales que han conllevado un debate público, en torno a la actuación que determinados miembros de las Fuerzas de Seguridad llevan a cabo en sus intervenciones. Las actuaciones desmedidas han pasado de ser consideradas como casos singulares y excepcionales, a ser percibidas por la ciudadanía como un “modus operandi” recurrente. Como veremos en el presente artículo esta realidad no es nueva, y lejos de suponer una reciente problemática por algunos hechos aislados, supone un gravísimo problema estructural que jamás ha encontrado voluntad política para ser abordado.

Herencia franquista e institucionalismo

"Los Grises", un ejemplo de represión policial institucional.

"Los Grises", un ejemplo de represión policial institucional durante el franquismo

Tras la caída del régimen franquista, España afrontó una transición política donde se omitió la depuración de las estructuras del régimen. De esta forma, las Fuerzas de Seguridad, que habían llevado a cabo impunemente una actuación represiva basada en la tortura y los malos tratos como forma de proceder diaria, continuaron en el ejercicio de sus funciones. Nuestra singular forma de afrontar el cambio de régimen, con un olvido que obviaba la responsabilidad penal, propició que ese cuerpo prolongase sus funciones sin someterse a ningún tipo de depuración.Sin embargo, el problema es que las instituciones son estructuras vivas que crean, amoldan y heredan patrones de conducta. Éste es un postulado básico de las teorías del neoinstitucionalismo, herramienta básica en el estudio de las instituciones. Dentro de este neoinstitucionalismo,  el enfoque del institucionalismo histórico y el institucionalismo sociológico abordan mediante una complementaria perspectiva la reproducción de los patrones de conducta de las distintas instituciones.

El institucionalismo histórico se centra en el análisis de la herencia histórica del “path dependence” (dependencia del sendero), centrado en el análisis de la ruta que toman las instituciones en una constante herencia retroalimentada en lo referente a sus patrones culturales. Por su parte, el enfoque del institucionalismo sociológico identifica la existencia de una “lógica de lo apropiado” que informa los individuos que integran esas instituciones, entendida como una visión de lo que es un correcto proceder, un aspecto que es evidentemente heredable.

Por ello, la cultura de la lógica apropiada de los malos tratos, los abusos y las torturas fueron heredados en el tiempo dentro de las instituciones de las Fuerzas de Seguridad, al no haberse acometido contra esta herencia lo que se conoce como un “momento de contingencia”, mediante la depuración de sus cuadros que propiciara un cambio de la “secuencia” de la institución. Por el contrario, sus cuadros humanos se mantuvieron y con ellos las estructuras culturales de actuación continuaron siendo las mismas. De esta forma, al no ponerse medidas contra esta cultura del abuso policial del régimen franquista, se produjo una reproducción de este deleznable patrón de conducta hasta nuestros días, por lo que la cultura de abuso y maltrato de las Fuerzas de Seguridad no se vio frenada por el nacimiento de la democracia.

Condenas internacionales: ONU, Consejo de Europa y Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Manfred Nowack, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, criticó abiertamente la falta de voluntad política para acabar en España con las torturas y malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad.

A comienzos del año 2000 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU comenzó una importante labor en relación a la prevención de la tortura. En el año 2003, el Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Theo Van Boven, publicaba un demoledor informe en el que retrataba 110 casos de torturas cometidas por las Fuerzas de Seguridad en España durante el año 2002. En el informe se detallan todos los casos de palizas, vejaciones, y demás conductas llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad en las comisarías de nuestro país. Posteriormente y ante el creciente número de denuncias por torturas presentadas, el Relator Especial contra la Tortura decidió desplazarse a España a llevar a cabo una investigación pormenorizada de la situación de la tortura.

Tras la visita a España de Van Boven en octubre de 2003, el Relator Especial contra la Tortura presentó el 15 de marzo de 2004 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU un devastador Informe sobre la situación de la tortura en España. En dicho informe el Relator Especial aseguraba que las torturas en España a manos de las Fuerzas de Seguridad se realizaban de forma “más que esporádica”, por lo que afirmaba que “no se podían considerar una invención las demandas de malos tratos”. Criticaba abiertamente la incomunicación de los detenidos en los casos en que se aplicaba el régimen terrorista, la falta de grabaciones en los interrogatorios, el papel del poder judicial en las investigaciones sobre las torturas, así como la falta de depuración administrativa en torno a los casos de torturas. Todas ellas, circunstancias que según el relator, favorecían la tortura en España. En su informe terminaba solicitando al Gobierno español que llevara a cabo un “plan para prevenir la tortura y otros tratos crueles”.

Sólo dos años después, en marzo de 2006, se publicaba un nuevo Informe que buscaba controlar el cumplimiento de los Gobiernos en torno a las recomendaciones hechas desde la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en materia de tortura. El nuevo Relator Especial, Manfred Nowak, criticaba en dicho informe el sistemático archivo de las denuncias por torturas, la falta de implicación judicial, recogiendo escabrosos ejemplos que demostraban la falta total de voluntad del Gobierno español por erradicar esta práctica, no habiendo implementado ninguna mejora desde el anterior informe.

En mayo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU volvió a enviar a su Relator Especial, Martin Scheinin, ante la preocupación por la situación de las torturas que seguían cometiéndose por parte de las Fuerzas de Seguridad en España. En este nuevo Informe el Relator Especial volvió a cargar contra el Gobierno español asegurando que en España se continuaban cometiendo torturas ante la pasividad del conjunto de instituciones públicas.

Además de estas condenadas provenientes de la ONU, otras organizaciones internacionales tan relevantes como el Consejo de Europa, a través del Comité para la Prevención de la Tortura, han emitido diversos informes en los que igualmente se ha constatado la existencia de torturas y malos tratos de forma generalizada.

Recientemente, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, incluso se ha trasladado a España para abordar los hechos acaecidos en Cataluña con motivo de los desalojos y posteriores detenciones practicadas contra la acampada del movimiento 15-M.

Todos estos informes señalan abiertamente la falta de implicación judicial, y en ocasiones connivencia de los jueces con las Fuerzas de Seguridad, a la hora de abordar las denuncias de tortura. En relación a estos hechos el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llegado a condenar a España por la falta de investigación profunda por parte de sus tribunales en materia de denuncias de malos tratos y torturas contra las Fuerzas de Seguridad.

Investigaciones de Amnistía Internacional

Portada del devastador informe sobre las torturas policiales y su impunidad en España.

Pero las críticas internacionales no sólo vienen de organismos e instituciones internacionales. ONGs como Amnistía Internacional tienen desde hace tiempo en su punto de mira la actuación de las Fuerzas de Seguridad en España. En 2007 Amnistía Internacional publicaba un indignante informe titulado “Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos”, en donde se relatan detalladamente las actuaciones de los agentes de las Fuerzas de Seguridad. Dos años después, en 2009, Amnistía Internacional publicaba un nuevo informe, “Sal en la herida: Impunidad policial dos años después”, en el que se recoge la falta de voluntad política para abordar el desmedido problema de la tortura y los malos tratos por las Fuerzas de Seguridad en nuestro país. Finalmente un último informe publicado recientemente por Amnistía Internacional en esta misma línea, “España: Acabar con la doble injusticia: Victimas de tortura y malos tratos sin reparación”, señala la falta de implicación judicial en estas denuncias, lo que fomenta una situación de impunidad por parte de los agentes.

Rachel Taylor, investigadora en Amnistía Internacional, ha llegado a sentenciar que “no sólo hay malos tratos y tortura infringidos por agentes de seguridad, sino también una impunidad efectiva casi total para los responsables”, señalando que el mayor problema es precisamente “la falta de voluntad demostrada para poner fin a ello.”

Negativa de nuestros gobiernos para atajar el problema y medidas que lo agravan

Nuestras autoridades niegan repetidamente la veracidad de todos y cada uno de los informes, en un descabellado ejercicio de contradecir a la ONU, al Consejo de Europa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a multitud de ONGs que llevan años reclamando una actuación definitiva por parte de nuestros gobiernos. Resulta bochornoso ver como año tras año las condenas siguen cayendo sobre nuestro país, mientras que se hace caso omiso al hecho, para que al año siguiente un nuevo informe señale la falta de colaboración de las autoridades al no implementar las recomendaciones que se les hace llegar repetidamente.

Sin embargo, mientras los gobiernos españoles hacen oídos sordos a los reclamos internacionales, las medidas que se toman al abordar institucionalmente las Fuerzas de Seguridad, lejos de buscar solventar este primordial problema, lo agravan aún más si cabe.

Texto alternativo

Brutalidad policial durante el reciente desalojo del movimiento 15M en Cataluña

En 2003 el gobierno anunció un plan de incremento de las plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creándose entre 2004 y 2011, 36.856 plazas, con incrementos anuales de entre 7.000 y 11.000 plazas hasta la llegada de la crisis en 2009 donde bajó el ratio. Estos números han supuesto un incremento de más de un 30% de agentes en estos últimos siete años.

Para el Gobierno la ecuación era simple, más policía es una mejor policía. A nadie se escapa que más policía no significa más calidad policial. Si tenemos en cuenta que existe un problema histórico en este cuerpo, algo que nos hacen ver recurréntemente diversas organizaciones internacionales, tratar de abordar una reforma de este cuerpo aumentando su número sin atacar su gravísimo problema de formación cultural heredada de abusos, no puede ser más que entendido como un dislate.

Si además nos adentramos en el “cómo”, omitiendo abordar el cambio cultural necesario, pero habilitando unas pruebas de “plazas para todos”, exigiendo únicamente la Enseñanza Secundaria Obligatoria, con un exiguo temario para resolver en un penoso tipo test, exigiéndose en ocasiones un ridículo examen de ortografía, entenderemos porque la mayoría de jóvenes parados de larga duración, sin más formación que la elemental y sin motivación alguna, se tiraron con los brazos abiertos a esta oportunidad laboral que era un regalo.

Es nuestro deber exigirlo. Más vale tarde que nunca.

La consecuencia es clara, no sólo no quedó abordado el problema de fondo, la falta de formación y la cultura del abuso, sino que se agravó aumentando masivamente los cuadros con personas de bajísima cualificación que no hicieron más que reproducir multiplicadamente la tendencia institucional del abuso.

Por ello, no es de extrañar que el Departamento de Estado norteamericano recientemente apercibiera a sus turistas sobre la peligrosidad de viajar a España debido a los maltratos cometidos por sus Fuerzas de Seguridad. Algo que resulta vergonzoso para un país democrático.

Y es que el problema reside en que el agente agresor, lejos de sentir que comete una actividad delictiva, entiende que su actuación es adecuada, debido a esa “lógica de lo apropiado” que ha sido heredada y no atajada. Sólo basta preguntar a algunos agentes para observar que suelen entender que la aplicación de abusos físicos sobre los ciudadanos queda a su arbitrio cuando lo estimen conveniente, ya que en su mentalidad, lejos de ser un simple agente del grupo D de la administración, sin jurisdicción para imponer penas, algo que es competencia de los jueces, se consideran atribuidos de la más absoluta potestad jurisdiccional.

Consecuencias

Con este panorama nos encontramos en la situación actual. Unas Fuerzas de Seguridad a las que jamás se pidió responsabilidades penales por su actuación durante todo el régimen franquista, para llevar a cabo una depuración en sus cuadros que crease “un momento de contingencia” que cortase la “secuencia” institucional. Por ello se permitió que se institucionalizase una forma de conducta basada en los malos tratos, el abuso y las torturas. Agravado además por unas instituciones judiciales que amparan estas actuaciones y no las persiguen. Unido a unos gobiernos que no sólo no han tratado de combatir esta cultura siguiendo las indicaciones de las diversas organizaciones internacionales, sino que han agravado la situación mediante un proceso de reclutamiento de bajísima calidad que ha llenado la institución de potenciales reproductores de esas conductas.

Nuestras autoridades no pueden seguir mirando hacia otro lado ante esta realidad. Es necesario abordar un procedimiento profundo de erradicación de esta cultura de la tortura en nuestras Fuerzas de Seguridad.

¿Es que el mundo entero está equivocado al señalar al unísono que existe un gravísimo problema de malos tratos y torturas cometidos por unas Fuerzas de Seguridad que gozan de impunidad ante los Tribunales?

18/08/2011

La manifestación del catolicismo. Un derecho limitable.

Filed under: Actualidad,Derecho — Salvaje Ilustrado @ 14:08
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Lo sucedido ayer en la Plaza del Sol con motivo de la manifestación por un Estado laico responde a un imperativo categórico que ha calado en nuestra sociedad, el de que el ejercicio de la manifestación católica no puede estar regulado y limitado, ya que tiene como base el fundamental derecho a la libertad religiosa. Esta afirmación ha devenido incuestionable, hasta el punto de que ha sido admitida por nuestros poderes públicos, propiciando situaciones como la vivida ayer.

Los sucesos de Sol fueron básicamente los siguientes, una manifestación autorizada por la Delegación del Gobierno, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, y con un itinerario aprobado por las autoridades competentes, se vio bloqueada por un numeroso grupo de religiosos pertenecientes a la JMJ que impidió la normal circulación de la manifestación autorizada.

Durante tres horas se estableció un cordón policial en Sol que dividía a la autorizada manifestación por un Estado laico, de aquella ilegal manifestación que tenía como finalidad impedir el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse previamente autorizado. Miles de jóvenes de la JMJ, portando entre otras divinidades banderas preconstitucionales, bloquearon deliberadamente la circulación de los manifestantes laicos, impidiendo de esta forma seguir con el itinerario aprobado. La policía en todo momento trató entre algodones a los jóvenes del JMJ y en ningún momento los disolvió, una actitud que choca con el proceder a que últimamente nos tiene acostumbrado el cuerpo pretoriano de la UIP policial.

¿Por qué no se disolvió a los manifestantes de la JMJ si estaban ejerciendo un ilegal derecho a la manifestación?

Simplemente porque no se consideran manifestantes como tal, debido a ese imperativo categórico que se ha asentado en la sociedad española: EL EJERCICIO DEL CATOLICISMO NO ES UNA MANIFESTACIÓN.

Con base en este argumento el ejercicio del catolicísimo en España queda fuera del ordenamiento jurídico regulador de las manifestaciones ideológicas. Un ejemplo clásico de ello es el bloqueo de ciudades enteras durante toda la Semana Santa, ejerciendo una manifestación religiosa sin autorización previa, algo que se enmarca en ese imperativo categórico existente por el que se entiende que el ejercicio del catolicismo no puede estar limitado mediante regulación legal.

Y es que cuando me refiero a ejercicio del catolicismo me refiero a LIBERTAD DE CULTO, que es algo muy diferente a la LIBERTAD RELIGIOSA. La libertad religiosa es un derecho ilimitado de cualquier ciudadano, pues es su derecho a profesar y creer en cualquier religión, tratándose de un ejercicio espiritual y privado. La libertad de culto es el ejercicio y manifestación hacia el exterior del hecho religioso, pasando a ser parte del dominio público con la consecuente regulación como manifestación ideológica. Evidentemente la libertad religiosa no puede ser limitada ni regulada por los poderes públicos, mientras que la libertad de culto PUEDE Y DEBE ser limitada por los poderes públicos mediante la normativa destinada al ordenamiento de las manifestaciones, por el simple hecho de que se trata de una manifestación de corte ideológico que se ejecuta públicamente afectando a los derechos del resto de ciudadanos.

El problema es que en España se sigue pensando que la libertad religiosa y la libertad de culto son un mismo derecho, por lo que todo ejercicio de la práctica católica se enmarca en un derecho a la libertad religiosa que impide que pueda ser limitada mediante regulación legal. Este imperativo categórico sitúa las manifestaciones católicas en una ventajosa situación al quedar fuera del imperio de la ley, estableciéndose cómodamente en un limbo de desregulación. De esta forma, sus manifestaciones pueden invadir la esfera social sin ningún límite legal, dejando al resto de ciudadanos sin la posibilidad de invocar los instrumentos legales que regulan estas prácticas.

Lo sucedido en Sol ayer no es más que la continuidad de ese imperativo categórico que ha calado en la sociedad española, con sus poderes públicos incluidos. Los jóvenes de la JMJ eran manifestantes y como tal debían haber sido tratados, ya que estaban llevando a cabo una manifestación ideológica al externalizar el ejercicio de su religión. De esta forma esta movilización de la JMJ no era más que una manifestación no autorizada, que tenía además como objetivo evitar el ejercicio del derecho de manifestación de otras personas, por lo que debía haber sido disuelta.

Creo que ya es hora de romper esa barrera psicológica impuesta por el imperativo categórico que disocia la libertad de culto con el ejercicio de una manifestación ideológica, entendiendo estos actos dentro de una genérica libertad religiosa. No podemos seguir aceptando que una manifestación que se enmarca dentro del culto siga amparándose en la libertad religiosa para evitar la aplicación de la regulación concerniente a las manifestaciones.

Y es que la lógica es aplastante, si unos son considerados manifestantes por negar el hecho religioso, ¿no son igualmente manifestantes los que lo afirman?

17/08/2011

¿Qué es el Papa? Entre Jefe de Estado y líder religioso, un estatus abusivo.

Filed under: Actualidad,Derecho — Salvaje Ilustrado @ 12:43
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Sinceramente creo que ha llegado la hora de que, de una vez por todas, se aclare el estatus que se le otorga al Papa en sus visitas a España, para así acabar con la ventajosa indeterminación de que disfruta su figura, y de la que se vale para gozar de todo tipo de privilegios cada vez que decide pisar territorio español.

Sin embargo sospecho que esto no va a ocurrir, por lo que el Papa seguirá moviéndose cómodamente en esa interesada incertidumbre entre el estatus de Jefe de Estado y de líder religioso, para poder beneficiarse de los privilegios de ambas figuras en un ejercicio de hipocresía que le propicia comerse en España “la tostada con manteca por los dos lados”.

A mí particularmente cualquiera de las dos figuras me vale, tanto la de Jefe de Estado como la de líder religioso, siempre que desee venir  a España a montar su campaña de marketing en busca de consumidores de sus celestiales servicios. Lo que no me vale es que se beneficie de la confusión que produce la indeterminación sobre su estatus, para cubrirse con un manto de prerrogativas y privilegios que lo sitúan en una inmejorable posición.

Si el Papa viene a España como Jefe de Estado implicaría la lógica participación, promoción e implicación de los poderes púbicos, quedándole reconocidas una serie de prerrogativas con base en el derecho internacional. Estas prerrogativas están recogidas genéricamente en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomática de 1961, y más concretamente la Convención sobre Misiones Especiales de 1969, donde en su artículo 21 se advierte que el Jefe del Estado “gozará en el Estado receptor o en un tercer Estado de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional a los Jefes de Estado en visita oficial”. El posterior artículo 22 señala en la misma línea que a dicho Jefe de Estado se le otorgarán “las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones, habida cuenta de la naturaleza y del cometido de la misión especial”. Esto implica la obligación para España de otorgar todo un elenco de privilegios, prerrogativas y actos protocolarios regulados por el derecho internacional al Jefe de Estado que nos visita.

Ahora bien, el régimen jurídico de las visitas de Jefes de Estado no sólo contiene privilegios. De igual forma el derecho internacional recoge el básico “principio de no intervención en los asuntos internos y de competencia nacional de otro Estado”, regulado nada más y nada menos que por el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas, norma fundamental del ordenamiento internacional. Consecuentemente quedan vetadas las críticas a las políticas soberanas del país que recibe la visita, ya que esto es considerado como un acto de injerencia en la soberanía de otro Estado, pudiendo conllevar desde responsabilidad internacional por parte del Estado de ese mandatario, hasta la declaración de “persona non grata” y la salida del territorio de esa persona.

Por otro lado, en el caso de que el Papa viniese a España en calidad de líder religioso, su visita saldría del ámbito de aplicación del derecho internacional y diplomático, pasando a ser un mero acto privado que en ningún momento conllevaría la participación de los poderes públicos o el seguimiento de los protocolos internacionales establecidos. De esta forma, este señor vendría con sus medios, accedería al país con arreglo a los procedimientos establecidos para cualquier otro ciudadano extranjero, y sin ningún tipo de limitaciones sería libre de transmitir en sus actos cualquier crítica a las políticas públicas de nuestro país.

Como dije anteriormente, cualquiera de los dos figuras me vale, sin embargo no acepto esa indeterminación de la que este individuo se vale para venir como Jefe de Estado en lo que a sus privilegios concierne, y dedicarse a criticar desmedidamente las políticas públicas que nuestro país se ha dado de forma democrática y soberana, amparándose en su estatus de líder religioso.

Es inadmisible que esta persona siga eternamente navegando entre estas dos aguas de incertidumbre, abusando de esta forma del derecho a visitar nuestro país bajo todos los honores diplomáticos y las mayores facilidades públicas, para después permitirse el lujo de arremeter brutalmente contra el gobierno que lo acoge sin asumir ninguna responsabilidad por su injerencia en la soberanía de nuestro país.

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